Morelia; Mich., 9 de mayo de 2016.- “Michoacán carece de un diagnóstico que nos indique el lugar en que estamos colocados en materia de derechos humanos”, indicó la diputada Nalleli Juilieta Pedraza Huerta, durante la presentación del libro “Los ajustes pendientes en la protección de derechos humanos en Michoacán”, de Jean Cadet Odimba.
En ese sentido la legisladora agregó, “estamos lejos de tener estadísticas concretas; sabemos que falta mucho por aportar, pero necesitamos saber en dónde estamos, en qué estamos fallando y cuáles son las áreas que debemos fortalecer de manera conjunta los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para concretar acciones en beneficio de la sociedad”.
En el evento estuvieron presentes el diputado Ángel Cedillo Hernández; el Secretario de Innovación, Ciencia y Desarrollo Tecnológico, José Luis Montañez; el Director del Centro de Estudios de la Comisión de Derechos Humanos, Gerardo Herrera; así como el Delegado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Ricardo Díaz Ferreira.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la LXXIII Legislatura, añadió que el Estado Mexicano ha firmado y ratificado un gran número de instrumentos internacionales, generando un amplio marco de protección para los habitantes, sin embargo, su aplicación ha fallado al momento de concretarse en políticas públicas.
“La mayor parte de los fracasos se deben a una mala interpretación, no se trata de un mal diseño, tampoco una mala planeación, se trata de la manera en que se intenta materializar un ordenamiento, de la manera en que los responsables pierden el norte y al momento de aplicar la medida resulta contraproducente, ya sea porque no se interpretó bien la norma, o porque simplemente el responsable no actuó de manera oportuna”.
La legisladora agregó que un caso concreto; es que desde el año 2014 la legislación michoacana no tiene un tipo penal sobre tortura, “no se ha legislado al respecto por una mala interpretación de la norma; y resulta aberrante que tras una reforma constitucional en materia de protección de derechos humanos como es el caso de tortura, aún hay quienes afirman que la consecuencia es que no podamos legislar para proteger a los ciudadanos contra este delito”.
Indicó que entre los ajustes normativos que deben realizarse se encuentran la iniciativa de paridad; garantizar el matrimonio igualitario; la creación del instituto de atención para las personas con discapacidad; la creación del instituto del adulto mayor; el reconocimiento fundamental del derecho a la salud; entre otros.
