Morelia; Mich., 16 de mayo de 2016.- Luego de participar durante la instalación de la Junta de Gobierno del Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia, la diputada local Macarena Chávez Flores celebró que después de más de 7 años que se aprobó la Ley en la materia, por fin un gobierno estatal se comprometió a cristalizar este Consejo tan importante para los michoacanos.
“Es de celebrarse que finalmente el Gobierno del Estado haya cumplido con lo dispuesto en la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia del Estado, debido a que desde 2009 esta legislación fue aprobada por el Congreso local; sin embargo, no había sido atendida por los gobiernos anteriores”, citó la legisladora.
De lo anterior, la representante de Acción Nacional reconoció que la finalidad de esta instancia es que se impulse una coordinación efectiva entre los distintos niveles de Gobierno, a fin de que implementen las acciones necesarias para garantizar a los ciudadanos una vida libre de discriminación y de violencia, salvaguardando el derecho del ser humano a vivir con igualdad y libertad.
Asimismo, consideró necesario que instancias locales, como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, trabajen muy de cerca con este Consejo, a fin de que las quejas de discriminación por parte de particulares sean vinculantes y se les pueda dar un seguimiento y resolución efectiva.
Explicó que a pesar de los esfuerzos que se realizan por parte de las instancias gubernamentales, aún existen muchos retos para erradicar la discriminación y la violencia derivada de ésta, en contra de las personas, minorías, grupos vulnerables y colectivos.
Así, se comprometió a seguir impulsando desde el Legislativo, ordenamientos tendientes a generar una cultura de legalidad y denuncia en contra de cualquier actos de este tipo.
Finalmente, calificó oportuno realizar campañas informativas en torno a las facultades de este nuevo organismo, a fin de que la sociedad michoacana conozca sus derechos y que puede denunciar cualquier tipo de discriminación que atente contra sus garantías fundamentales.
