Por:Edgardo Morales S.
Morelia, Mich., 10 de julio del 2016.- Al reconocer que en Michoacán es necesario dotar una legislación que pueda ser aplicable en la cotidianeidad de los ciudadanos, el diputado Carlos Quintana Martínez, propuso la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado, normativa que pretende arropar a la población contra cualquier daño o perjuicio que le ocasione el Estado ya sea en sus bienes o en su persona.
Para tales efectos, Quintana Martínez expuso que actualmente, el artículo 1095 del Código Civil, establece que el Estado está obligado al pago de daños que causen sus servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, sólo el Estado tiene obligación de responder cuando se acredita que el servidor público no tiene bienes o son insuficientes para reparar los daños causados.
A lo anterior, el legislador blanquiazul señaló que como se encuentra en la actualidad la norma, es insuficiente para acatar lo mandatado por la Constitución federal, impidiendo al ciudadano hacer efectiva la reparación del daño: “cuando un ciudadano es el que daña un bien público, por ejemplo un poste en un accidente de tránsito, el procedimiento que lo obliga a reparar el daño sí se encuentra previsto en la norma, en tanto que si es un funcionario público el que atenta en su contra, ahí es cuando viene el calvario para que el ciudadano pueda hacer que cumplan con la reparación del daño”.
Por lo expuesto, el también coordinador de los diputados panistas, reconoció su interés de que esta norma sea aprobada, a fin de hacer efectivo el derecho de los michoacanos a la indemnización de quien sufra daños en sus bienes, como consecuencia de la actividad administrativa irregular de las dependencias públicas.
Así y con esta legislación, las dependencias públicas se verán obligadas a cubrir las indemnizaciones con cargo a sus respectivos presupuestos, sin que ello afecte el cumplimiento de los programas y objetivos a los que están obligados cumplir y que son asignados en el Presupuesto de Egresos que aprueba el Congreso anualmente.
Finalmente, Carlos Quintana reconoció que con esta Ley pretende no sólo dar eficaz cumplimiento a la reforma constitucional federal aprobada en 2002, sino establecer un procedimiento que sea accesible, simplifique y vuelva efectivo el derecho de cualquier ciudadano a que sea resarcido el daño que se le cause por el actuar irregular del Estado michoacano.
