Morelia, Mich. a 9 de Julio de 2026.- La diputada de la ciudadanía, Brissa Arroyo Martínez ha venido atendiendo, escuchando y dando voz en el Congreso Local a las víctimas.
Brissa Arroyo ha mostrado su solidaridad y sensibilidad ante hechos que consternan a la sociedad, y que evidencia la urgente necesidad de legislar para garantizar la no repetición de este tipo de episodios.
En este contexto, la Congresista Local, presentó un Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta a diversas autoridades a fortalecer las acciones de investigación, coordinación institucional, atención integral a las víctimas, acceso a la justicia, reparación integral del daño y garantías de no repetición, con motivo de recientes casos de desaparición y muerte violenta ocurridos en Michoacán.
La legisladora reconoció los avances que la Fiscalía General del Estado de Michoacán ha informado respecto al desarrollo de las investigaciones, al considerar que las acciones encaminadas al esclarecimiento de los hechos, la judicialización de diversas conductas y la identificación de probables responsables representan avances relevantes en el combate a la impunidad y reflejan el compromiso institucional de continuar las investigaciones conforme al marco constitucional y legal.
No obstante, subrayó que dichos avances no eximen al Estado de su obligación permanente de continuar las investigaciones hasta el total esclarecimiento de los hechos.
«La justicia exige agotar todas las líneas de investigación legalmente procedentes y, de existir elementos suficientes, determinar las responsabilidades de todas las personas que hubieran intervenido en la comisión de los delitos, ya sea de manera directa o indirecta, así como de aquellas personas servidoras públicas que, por acción u omisión, pudieran haber incumplido las obligaciones que les impone la ley», argumentó.
El exhorto no pretende sustituir las atribuciones constitucionales de las autoridades investigadoras ni emitir juicios anticipados sobre procedimientos en curso.
Su propósito, – afirmó Brissa Arroyo -, es reafirmar el compromiso del Poder Legislativo con el fortalecimiento institucional, con el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación integral, así como impulsar políticas públicas que contribuyan a prevenir la repetición de hechos que lastiman profundamente el tejido social.
