Morelia, Mich., a 24 de Octubre del 2024.- El Grupo Parlamentario del PRI votó en contra de la reforma al Poder Judicial, ya que con ella se perderán grandes juzgadores, y esta reforma está diseñada no para profesionistas, sino para personas populares y con suerte, por lo que representa un retroceso a la democracia, a la justicia y libertad, afirmó la diputada Adriana Campos Huirache.
Esta reforma, dejó claro la diputada de la bancada del PRI en la LXXVI Legislatura Local, representa un retroceso a la justicia, ya que se debilita el Estado de Derecho y se degradada la profesión de jurisconsulto.
«Con estas reformas desde nivel nacional se atropelló la dignidad de los Congresos Locales, en beneficio de un centralismo. Todo ello bajo la argucia de un supuesto mandato popular», manifestó Adriana Campos.
Evidenció que, pese a que se tiene conocimiento, de que existe una orden judicial, en la que se mandata al Congreso del Estado para que suspenda la aprobación de la reforma al Poder Judicial, se ignoró y con ello se cae en un posible desacato.
«Se ha construido un inédito sistema de elección de jueces, apelando a la capacidad de movilización del partido en el gobierno, buscando reclutar a operadores políticos y a aventureros, desechando la experiencia profesional que implica la responsabilidad de impartir justicia».
Al hacer uso de la tribuna de la máxima tribuna del estado, la diputada recalcó que votan en contra de la reforma al Poder Judicial, ya que, «estamos testificando una destrucción institucional irresponsable. Y bastó que el Poder Judicial se negara a avalar los desatinos legislativos en que incurriera una mayoría para que desde Palacio Nacional se diera la orden de enfrentar a los juzgadores como si de enemigos se tratara».
Las consecuencias de la presente enmienda, advirtió: «la ley será lo que el partido en el poder diga que sea; ningún particular podrá derrotar al gobierno en un litigio; la suma de la prisión preventiva oficiosa más la sumisión de los jueces dará como resultado cárceles atestadas; será degradada la profesión de jurisconsulto; quienes vestirán togas en sustitución de verdaderos juristas; ministerios públicos, defensorías de oficio y centros de reclusión permanecerán en el estado lamentable que actualmente guardan».
