Morelia, Mich., a 08 de Abril del 2022.- Nuestro país, está catalogado como uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo en el mundo, por eso vemos la necesidad urgente de tomar acciones inmediatas que atiende todas las recomendaciones realizadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y los estados miembros de la ONU.
Aseguró el diputado Juan Carlos Barragán Vélez, durante la presentación de iniciativas para la protección de las y los periodistas, y es que de acuerdo con el legislador, lamentablemente en los primeros tres meses del año fueron asesinados ocho trabajadores de los medios de comunicación.
“Necesitamos prevenir, proteger y procurar justicia a todas las personas que ejerzan el periodismo en el estado de Michoacán, no puede seguir siendo un riesgo trabajar en los medios de comunicación, porque ellas y ellos son el vínculo de contacto directo con la ciudadanía”, afirmó.
La iniciativa acompañada por la diputada Julieta García y Eréndira Isauro, asume acciones realmente propositivas y sin precedentes en el país, que no solo se quedaría en discursos demagogos o curitas para colgarse de la supuesta protección a nuestra libertad de expresión.
Entre las propuestas establece:
1. Establecer discursos públicos que prevengan la violencia contra periodistas.
2. Respetar el derecho a la reserva de las fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales propiedad de periodistas.
3. Instruir a las fuerzas de seguridad sobre el respeto hacia las y los periodistas.
4. Producir datos de calidad y mantener estadísticas precisas sobre la violencia contra periodistas, con el objeto de diseñar, implementar y evaluar políticas públicas efectivas que prevengan la violencia contra los periodistas.
5. Fomentar la capacitación a cuerpos de seguridad en materia de libertad de expresión.
6. Adoptar el principio de imprescriptibilidad de los delitos contra la libertad de expresión y despenalizar el delito de ataques al honor cometido por periodistas.
7. Establecer un mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas de manera eficiente, expedita y sin tanta burocracia.
