Ciudad de México, a 26 de Noviembre de 2025.- El Diputado Federal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ernesto Núñez Aguilar, presentó una iniciativa de reforma al artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de frenar el reclutamiento de adolescentes por parte del crimen organizado y fortalecer el Sistema de Justicia para Adolescentes.
El legislador señaló que la falta de proporcionalidad en el marco jurídico vigente ha permitido que grupos criminales aprovechen un vacío legal para captar a jóvenes con la falsa promesa de que “no les pasará nada”, situación que ha derivado en un alarmante incremento de delitos cometidos por menores de edad.
Núñez Aguilar advirtió que, tan solo en 2023, más de 32 mil adolescentes fueron imputados, lo que representa un incremento del 45% respecto a 2021, muchos de ellos por delitos graves como homicidio y narcomenudeo.
“El marco jurídico actual no responde con proporcionalidad. Existe un vacío legal que impide sanciones adecuadas y que ha sido explotado por el crimen organizado. Con esta reforma buscamos romper ese mecanismo de manipulación y proteger a nuestra juventud”, afirmó el diputado del Partido Verde.
Un régimen excepcional para delitos graves
La iniciativa plantea que el Sistema de Justicia para Adolescentes siga aplicándose a quienes tengan entre 12 y menos de 16 años, mientras que para jóvenes de 16 y 17 años que cometan delitos graves, se creará un régimen excepcional que incorpore:
• Peritajes de madurez psicosocial
• Defensa técnica especializada
• Control judicial reforzado
• Prohibición absoluta de penas crueles o degradantes
Núñez Aguilar subrayó que la propuesta no busca criminalizar a la juventud, sino ofrecer herramientas para evitar que la delincuencia siga utilizando a adolescentes como herramientas delictivas.
“Esta reforma es un escudo para nuestra juventud y un mensaje claro para los criminales: en México, los delitos graves tendrán consecuencias reales”, expresó.
Finalmente, el diputado destacó que la iniciativa está alineada con estándares internacionales y pretende proteger a los jóvenes, garantizar justicia para las víctimas y avanzar hacia un México más seguro.
