Morelia, Mich., a 5 de Febrero de 2025.- En un contexto donde la transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para el desarrollo y la competitividad de Michoacán, Octavio Ocampo Cordova, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en la 76 Legislatura local, reconoció la importancia de la certificación del Gobierno estatal en la norma ISO 37001:2016, al señalar que esta medida aumenta el compromiso de las autoridades para con los municipios, al garantizar una distribución equitativa y transparente de los recursos.
El diputado refirió que no solo es un paso importante para fortalecer la transparencia en Michoacán, sino también para combatir la corrupción y garantizar que los recursos públicos lleguen a donde más se necesitan: a los municipios, así como a programas y acciones de combate a la pobreza y la desigualdad.
En este sentido, sostuvo que tanto el partido al que representa como el Grupo Parlamentario, “estaremos atentos a que esta medida se traduzca en beneficios reales para la población de los municipios, especialmente aquellos donde aún prevalencen condiciones de marginación y desigualdad”.
Después de que el gobierno de Michoacán recibiera la certificación, Ocampo Cordova consideró que este instrumento puede contribuir a resolver diversas problemáticas que enfrentan los municipios por falta de recursos públicos.
«Cuando los fondos destinados al desarrollo municipal se distribuyen con claridad y sin opacidad, los ayuntamientos pueden planear y ejecutar proyectos que impacten realmente en el bienestar de la gente», afirmó el también presidente de la Comisión de Desarrollo Social.
Asimismo, dijo que esta medida puede hacer que Michoacán sea un estado más atractivo para la inversión nacional e internacional, lo que se traduce en mayores oportunidades de empleo y crecimiento económico, necesarios en un contexto donde aún prevalece la amenaza de imponer aranceles que podrían afectar la economía de la entidad.
Así pues, reconoció que la certificación ayuda a un manejo más eficiente, transparente y libre de corrupción de las finanzas públicas, lo que además abre la posibilidad de aplicar recursos para el combate a la pobreza a través de programas de infraestructura, educación, salud y bienestar social.
