Por: EDGARDO Morales S.
Morelia, Mich., a 22 de Enero del 2019.- Son tiempos de cambios y de transformación no de encargo y simulación, la sociedad michoacana al igual que en el resto del país, requiere, pide, exige y demanda fiscalías que garanticen el auténtico respeto a estado de derecho, a las garantías individuales y respeto a los derechos humanos, una aplicación de justicia expedita que debe ir de la mano contra la corrupción pero sobre todo contra la impunidad.
Así se refirió el licenciado y doctor en derecho Alberto Díaz del Valle, quien desde la ciudad de México habló en exclusiva para Grupo Avance, quien se refirió al doctor en derecho y actual magistrado de la Sala Séptima de lo Penal y aspirante a la fiscalía general eh Michoacán, “es entre todos los aspirantes el hombre que conoce y ejerce una función que garantiza lo que la sociedad reclama en la búsqueda de procuración de justicia”, recalcó.
La etapa que vive nuestros país y particularmente a las entidades y regiones, demandan fiscalías que no obedezcan a los intereses de un gobernante, sino a las leyes que rigen la vida democrática de nuestro país y en este caso el estado de Michoacán.
Que requiere Michoacán simulación, sumisión o la verdadera aplicación de las leyes en el pleno estado de derecho que deba ser garantía garante para la justicia que hoy reclaman las familias que a la fecha ven a sus representantes pareciera apoyan más lo corrupto y que lo correcto, que se desempeñan en lo parcia dando paso a la impunidad, dos casos que ahora deben ser combatidos desde los estados e incluso desde los municipios y distritos judiciales como se pretende a nivel federal en la cuarta transformación.
Ya de paso el entrevistado indica que en muchas entidades aún se puede ver a los Procuradores de Justicia que mantienen las puertas cerradas a la sociedad y a la justicia, que se rodean de agentes y gente que en vez de dar confianza dan miedo y desconfianza entre la sociedad, sociedad que batalla para llegar a las oficinas de un procurador porque los filtros esta llenos de gente que cuestiona, casi amenaza y no atienden a la sociedad desde la recepción y todo trámite y gestión termina en los archivos provocado por el burocratismo bajo la sospecha de la corrupción encaminada a la impunidad.
Todo lo anterior debe ser analizado por los legisladores de las entidades y valorar las designaciones tomando en cuenta todos estos factores para el rescate de la justicia y otros valores que la ciudadanía exige.
No es cuestión de equidad de género, compadrazgos y amigos, no es cuestión de partidismo, sino de buscar dignificar esta representación de fiscales en bien de la sociedad que está cansada, humillada, abandonada e incluso ultrajada en su dignidad de ser humano en materia de justicia.
