Morelia; Michoacán, 19 de febrero de 2019.- El diputado Alfredo Ramírez Bedolla
recalcó que el Gobernador Silvano Aureoles cuenta con el apoyo de los legisladores de
Morena para derogar los impuestos ecológicos, por lo que reiteró el llamado al Ejecutivo a
reformar la Ley de Hacienda para anular de forma definitiva las cargas fiscales que
amenazan la estabilidad de sectores productivos y generadores de empleos.
El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado advirtió
que Gobierno del Estado publicó el pasado 14 de febrero un decreto por el que se crea un
subsidio de 100 por ciento a los llamados impuestos ecológicos; “sin embargo, esta
suspensión temporal no es, como el Ejecutivo afirma, en apoyo a la economía del estado,
sino porque la administración estatal no tiene definida la logística para dar seguimiento a
las actividades causantes de impuesto, y por tanto no cuenta con la capacidad para llevar
a cabo la recaudación”.
Esa incapacidad, subrayó Ramírez Bedolla, es reconocida por el propio Gobierno del
Estado que en el decreto publicado en el Periódico Oficial señala que el subsidio a los
impuestos “concluirá su vigencia al momento en que la Secretaría de Finanzas y
Administración emita y publique los lineamientos y/o disposiciones de carácter general”.
El Gobierno del Estado puso en vigor este año impuestos por: extracción de materiales,
emisión de gases, emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y agua, así como por
depósito y almacenamiento de residuos sólidos; sin embargo, la administración estatal no
estaba preparada para el cobro de esos gravámenes a partir del presente mes de febrero,
subrayó Alfredo Ramírez y argumentó que por esa razón tuvieron que subsidiar las cargas
fiscales, recalcó Ramírez Bedolla.
Añadió que la mejor forma en que la administración de Silvano Aureoles pudiera apoyar a
la economía del estado, es anulando en forma definitiva los nuevos impuestos, ya que
éstos provocarán inestabilidad en los ingresos de sectores productivos, y afectarán la
generación de empleos; las propias finanzas estatales y municipales también se verán
impactadas por las cargas fiscales, en detrimento de la inversión en obra pública; y se
verá vulnerada la economía familiar, haciendo más difícil que trabajadores se hagan de un
patrimonio como la vivienda de interés social.
