Morelia, Mich., a 30 de junio de 2016.- La libertad de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y la obligación del Estado a brindar atención gratuita para la interrupción del embarazo “es un derecho fundamental y como tal, se tiene que garantizar”, aseguró el presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán, Carlos Torres Piña.
Respecto a la iniciativa presentada por los legisladores del PRD en el Congreso del Estado, el líder estatal aseguró que el Sol Azteca “está en contra de la restricción de los derechos de las mujeres y en defensa de que el aborto sea libre, gratuito y esté fuera del Código Penal”.
Explicó que esta propuesta contempla la modificación de diversos artículos del Código Penal vigente, así como de la Ley de Salud, para que el Gobierno del Estado brinde atención gratuita y de calidad a las mujeres que soliciten la interrupción de su embarazo antes de las 12 semanas de gestación.
Con esto, “se busca evitar que las mujeres pongan en peligro su vida y eliminar las barreras de exclusión que les impiden ejercer plenamente sus derechos. Porque a pesar de la resistencia de algunos grupos religiosos, esté derecho es irrenunciable”, atajó.
Y es que a decir del líder estatal, el aborto, por ser la causa del seis por ciento del total de las muertes maternas en México, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), “constituye no sólo un problema social y de salud pública, sino además una violación al derecho a la vida de las mujeres”.
Por este motivo, Carlos Torres Piña consideró que es urgente que en Michoacán, se dé un giro en este tema “lo que nos llevaría a dar un gran paso en cuanto a políticas públicas que respeten y promuevan los derechos humanos”.
Además, afirmó que está es una oportunidad histórica para que en la entidad se apruebe esta iniciativa, toda vez que el Gobierno de Michoacán encabezado por Silvano Aureoles está comprometido con el bienestar de las mujeres y sus derechos.
Aseguró que desde su partido se insistirá en buscar puntos de encuentro con otras fuerzas parlamentarias para sacar adelante este proyecto con el mayor consenso posible. Porque además de que los derechos no son negociables ya no se puede dar un paso atrás.
