Morelia; Michoacán, 14 de febrero de 2019.- Con el propósito de establecer el marco
jurídico que regulará la organización, funcionamiento y atribuciones del órgano encargado
de la procuración de justicia, el Congreso local aprobó la Ley Orgánica de la Fiscalía
General del Estado.
El dictamen de segunda lectura presentado por la Comisión de Justicia, integrada por los
diputados Antonio Salas, Fermín Bernabé, Araceli Saucedo, Adriana Hernández y Ernesto
Núñez, destaca la importancia de consolidar un nuevo modelo que garantice el acceso a
la justicia y el respeto a la dignidad humana a través de instituciones eficaces y eficientes.
El marco jurídico que fue avalado por la LXXIV Legislatura establece que la Fiscalía
General funcionará como un órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica,
patrimonio propio, autonomía financiera, presupuestaria, técnica y de gestión.
El órgano autónomo estará a cargo de un Fiscal General, quien será responsable de su
conducción, mando y desempeño, en cuanto titular de la institución y superior jerárquico
de todos y cada uno de los servidores públicos que la integren.
El Fiscal General, podrá ser removido por el voto de las dos terceras partes de los
diputados presentes, previa solicitud escrita presentada por el cincuenta por ciento más
uno de los diputados, misma que será turnada a la Comisión de Justicia para su estudio,
análisis y dictamen.
La norma establece la creación de fiscalías especializadas en delitos como la tortura,
tratos crueles, inhumanos o degradantes y de desaparición forzada, además de una
especializada en combate de los delitos contra el ambiente y la fauna, así como una
fiscalía en materia de derechos humanos y libertad de expresión.
Asimismo, se crea el Consejo Consultivo, que tendrá como finalidad contribuir a la
definición y seguimiento de programas, acciones, políticas y estrategias que implemente
la Fiscalía General.
El Consejo Consultivo, será presidido por el Fiscal General e integrado por un
representante de cada uno de los Poderes del Estado, así como por cinco consejeros
ciudadanos expertos en temas de procuración y administración de justicia, investigación
criminal y derechos humanos; mismos que serán nombrados en igualdad de género por el
Congreso local por un periodo de cuatro años.
En este mismo sentido, a efecto de contar con una fiscalía funcional, se exigirá que todo
personal que realice funciones sustantivas forme parte del servicio profesional de carrera,
esto es: agentes del Ministerio público, policías de investigación y peritos, mismos que
además deberán sujetarse a los exámenes de control y confianza que dispone la
normatividad en materia de seguridad pública.
