Morelia; Michoacán, 13 de febrero de 2019.- Agremiados a la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán AC (AIEMAC) advirtieron al coordinador de los diputados de Morena en el Congreso del Estado, Alfredo Ramírez Bedolla, que la aplicación de los llamados impuestos ecológicos provocará inestabilidad en el sector industrial y pondrá en riesgo las fuentes laborales de michoacanas y michoacanos, por lo que se manifestaron a favor de la propuesta de Morena de anular estas cargas fiscales.
Después de que la iniciativa de Morena para reformar las leyes de Ingresos, y de Hacienda, no fuera considerada para anular los impuestos ecológicos, así como fueron derogados los cedulares y notariales con el voto unánime del Congreso del Estado, la AIEMAC expresó su voluntad de sumar esfuerzos para revertir el impacto de la política fiscal en sectores productivos, y en el ingreso familiar.
Ricardo Bernal Vargas, presidente de la AIEMAC, refirió que el impuesto por la extracción de materiales aumentaría entre 12 y 15 por ciento el costo de la vivienda de interés social, por lo que sería más difícil para los trabajadores hacerse de un patrimonio.
Alfredo Ramírez Bedolla añadió que el aumento en los costos del sector de la construcción también vulneraría las finanzas del propio Gobierno del Estado, y de los Ayuntamientos que además tendrían que pagar el impuesto por depósito y almacenamiento de residuos sólidos; “Sería lamentable que por tener que cumplir con las obligaciones fiscales, los gobiernos opten por recortar sus montos de inversión en obra pública”, señaló.
El también presidente de la Junta de Coordinación Política reiteró que los diputados de Morena darán seguimiento a la acción de inconstitucionalidad que fue aceptada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para iniciar el análisis sobre el sustento legal y validez de los nuevos impuestos.
Alfredo Ramírez Bedolla e integrantes de la AIEMAC definieron una ruta de trabajo conjunto para avanzar hacia la anulación de los mal llamados impuestos ecológicos, ya que su cobro rompe la proporción entre el gasto y el ingreso de sectores productivos, lo que pone en riesgo la generación de empleos y aleja las inversiones de Michoacán.
