Morelia, Mich., a 12 de Noviembre de 2020.- Es necesario que la Fiscalía Especializada para la Atención en Delitos Electorales investigue, persiga y sancione a los servidores públicos que condicionen la prestación de un servicio público como lo son los programas sociales, recalcó el diputado Humberto González Villagómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado.
Ayer martes el Pleno legislativo a propuesta de González Villagómez exhortó a la FEPADE para tal fin de manera que se finquen responsabilidades a quien utilicen de manera ilegal fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición, solicite a sus subordinados por cualquier medio aportaciones de dinero o en especie para apoyar con fines electorales a un precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política.
Recordó que nos hemos preocupado por dotar de insumos y de las necesidades esenciales para el manejo y contención de la pandemia por Sar-Cov2 (COVID-19) como parte de un problema de salud pública que requiere de poderes comprometidos con la salud de las personas, con lo que se han presentado ante el Congreso del Estado, iniciativas tendientes a la utilización y aplicación de recursos para la creación y aplicación de programas de apoyo social.
“La apertura para que en casos de contingencia sanitaria se permita la entrega de fondos emergentes tanto en especie como en recursos sujetos a comprobación, colocan en un plano de inequidad a los posibles participantes de un proceso electoral, el cual para el caso de Michoacán dio inicio en la primera semana de septiembre”, Humberto González.
El diputado por el Distrito de Puruándiro subrayó que hoy más que nunca el Congreso debe pronunciarse como Poder representante de todo el estado, y como una autoridad de peso público suficiente para tener impacto en todos los niveles de gobierno para velar por la equidad e integridad del servicio público, reafirmando el compromiso de evitar la utilización de recursos públicos para la promoción personalizada y con fines electorales destinados a favorecer la imagen y el nombre de quienes hoy ejercen un cargo público.
“El menoscabo a la ley como un intento de promocionarse por encima de otros contendientes, refleja una clara utilización de los recursos públicos por motivos personales, y no así, como el camino para mejorar las condiciones de aquellas personas que no tiene el privilegio de percibir una estabilidad tanto económica como de vida digna”, subrayó.
