Morelia, Mich, a 14 de Abril del 2026.- El diputado petista Hugo Rangel mantiene mesas de trabajo técnicas y permanentes con colectivos de la comunidad LGBTIQ+ en Michoacán, como parte del compromiso del Partido del Trabajo con los ejercicios de parlamento abierto, a fin de construir reformas que fortalezcan el marco jurídico y garanticen derechos para un sector históricamente relegado y marginado.
Durante estos encuentros, colectivos y organizaciones de la sociedad civil han participado activamente en la construcción de una iniciativa legislativa que busca tipificar delitos relacionados con actos de discriminación y violencia motivados por la orientación sexual, identidad de género y expresión de género, poniendo especial énfasis en la prohibición de los denominados “Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género” (ECOSIG), prácticas comúnmente conocidas como terapias de conversión o reparativas.
Dicho proyecto se encuentra concluido y será presentado ante el pleno del Congreso del Estado durante la presente semana, como resultado directo de este ejercicio de diálogo abierto y construcción colectiva.
La propuesta contempla sanciones de dos a seis años de prisión y multas que van de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Asimismo, se plantea el endurecimiento de las penas, que podrían alcanzar de cuatro a doce años de prisión y multas de hasta cuatro mil veces el valor diario de la UMA, cuando estas conductas se cometan en contra de personas menores de edad, adultas mayores, personas con discapacidad o quienes no puedan comprender el significado del hecho.
De acuerdo con datos nacionales, pese a que diversos estados y el propio Código Penal Federal ya prohíben estas prácticas, su aplicación continúa vigente en el país. Según datos de la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (2021), se estima que el 9.8 por ciento de las personas no heterosexuales y el 13.9 por ciento de las personas trans han sido obligadas a asistir con profesionales de la salud, autoridades religiosas u otras figuras con la intención de modificar su orientación sexual o identidad de género, lo que representa una vulneración grave a sus derechos humanos y a su desarrollo integral.
En este contexto, las organizaciones participantes han planteado la necesidad de incorporar un Plan de Aceptación Familiar como política pública estatal, orientado a brindar acompañamiento, orientación y herramientas a familias de jóvenes de la diversidad sexo-genérica, reconociendo que la aceptación familiar es un elemento clave para garantizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes.
Estas mesas de trabajo cuentan con el respaldo, acompañamiento y legitimidad de colectivos y organizaciones civiles que durante años han visibilizado la defensa de los derechos de la comunidad LGBTIQ+ en Michoacán, consolidando una agenda legislativa que transita del diálogo a la acción y que esta semana dará un paso decisivo en el pleno.
